MICROS: OTRA VEZ LOS ABUSOS

En Clarín del día de hoy, 14 de febrero de 2007, apareció una nota en su página 38 consignando que la CNRT ha aplicado multas a 22 empresas de autotransporte de pasajeros de larga distancia por no respetar el límite máximo de las bandas tarifarias, y especulando con el exceso de demanda de la temporada estival, han aplicado $ 5 y hasta $ 10 por sobre lo permitido. El aprovechamiento empresario es una constante del mundo capitalista, que se agudiza cuando los controles son laxos y cuando las políticas públicas son erróneas, erráticas o insuficientes. Hay que recordar que la Secretaría de Transporte de la Nación viene convalidando importantes aumentos desde 2003 en las bandas tarifarias, bien camuflados como un incremento en la brecha entre el piso mínimo y el techo máximo que las empresas pueden cobrar, bien escudados en pretendidas mejoras en el confort, que determinan la creación de nuevas categorías más onerosas para los usuarios (las que luego se aplican generalizadamente, al primar en las ofertas de servicios), o bien, de forma directa y reconocida, cual lo fue el aumento general dispuesto en la segunda parte de 2006, justamente para favorecer los ingresos empresarios en la temporada estival, y que ascendió a nada más ni nada menos que el 25%, muy por encima de la inflación oficial, y también de la extraoficial, que los escépticos acerca de la transparencia del INDEC, pudieran calcular.
Paralelamente, tal como lo consignamos en un artículo anterior, la Secretaría de Transporte autorizó, sustentada en una cada vez menos sostenible "emergencia" y en el idílico "buen estado de la infraestructura carretera", una extensión de la vida útil de las unidades a 14 años, lo que determina mayores posibilidades de ganancia empresaria a mayor riesgo vial, y un ilegítimo "ahorro" del sector privado en renovación de vehículos, que de tal manera prolongan por un tiempo 40% mayor al permitido por el artículo 53 de la Ley Federal de Tránsito 24.449 los ciclos de renovación de parque. No olvidemos que la inversión en el sector automotor de larga distancia tuvo una fuerte inyección en los años '90, llegando a su pico en el bienio 1998-1999, para luego declinar progresivamente en el bienio 2000-2001 y cesar prácticamente en absoluto en los últimos 6 años.
Hay tres formas de hacer controles desde la Administración pública: 1) Una forma directa, con inspecciones in situ, verificando en las ventanillas, a través de inspectores o de agentes encubiertos que simulan ser simples pasajeros, el cumplimiento de los precios máximos. 2) Una forma demorada, a través de la sustanciación de sumarios en la CNRT por denuncias de los usuarios. 3) Una forma regulatoria, de auténtica presencia política estatal, dada por el análisis de la contabilidad regulatoria de las empresas, su ecuación económico financiera real, y que establece tanto la política tarifaria como los cronogramas obligatorios de inversión en renovación de unidades e inclusive de inversión en mano de obra y su capacitación. Todas ellas son necesarias y deberían ser concurrentes, aunque la intensificación de la 1) y de la 3) debería favorecer la descongestión administrativa de la 2), que termina por abocar a la tramitación "oficinas adentro" a más de un centenar de agentes que entonces se detraen de la fiscalización directa.
Lamentablemente, la 1) está malherida por la tendencia estatal a tener "muchos capitanes y pocos marineros" en el barco del control: muchos oficinistas de saco y corbata bajo el aire acondicionado jugando solitarios en la PC, y pocos inspectores bajo el intenso sol del verano sorteando las puteadas y amenazas de choferes y patrones de empresas, que suelen comportarse de manera poco cortés ante los requerimientos de la autoridad, quizás incentivados por largas épocas de omisiones y vistas gordas que se dan cuando termina la temporada y el transporte deja de ser noticia.
Y lamentablemente la 3) es sólo un enunciado teórico en la Argentina. Nadie, ninguna empresa, es propensa a "abrir los números" salvo a través de las cámaras empresarias, a la hora de mendigar aumentos en la Secretaría de Transporte munidas de carpetones con enormes dibujos contables de déficits lacrimógenos. Pero lo grave, es la omisión del Estado a la hora de auditar el aspecto contable y de verificar la real aplicación de los cuantiosos ingresos a la inversión necesaria para la calidad, economía y seguridad del servicio. De hacerlo, aunque sea esporádicamente, el Estado hubiera podido arribar a conclusiones que hubiesen, por empezar, evitado la concesión de incrementos tarifarios permanentes, hasta duplicar holgadamente las tarifas vigentes en 2002; en segundo lugar, abstenido de conceder permanentes prórrogas a la renovación de unidades; en tercer lugar, adecuado las exigencias de parque móvil a las comprobadas innovaciones en materia de seguridad y a la mayor demanda que se viene registrando ante la debilidad del peso y el consecuente aumento del turismo interno; en cuarto lugar, coadyuvado al establecimiento de una política tarifaria sana, que previera el empleo de fórmulas variables, adaptables a las temporadas altas y bajas, en defensa del usuario, que en caso contrario es rehén de las arbitrariedades de las empresas, las que se acentúan al disminuir las opciones propias de la competencia ante el monopolio (presente en gran parte de los tráficos) y ante la escasez de oferta y la sobreabundancia de demanda, que determinan un medieval "tómalo o déjalo".
Los costos del transporte automotor de pasajeros de larga distancia se sitúan, en promedio, en $ 1,55 el kilómetro. Así, un viaje a Córdoba le cuesta a la empresa $ 1.085 aproximadamente. El pasaje promedio se sitúa en los $ 75. Con una ocupación del 70% (31 asientos), los ingresos son de $ 2.325, es decir, que la ganancia empresaria asciende al 53% de la facturación bruta, un porcentual inédito en cualquier "industria lícita", y mucho más, respecto de un servicio público, del cual las doctrinas varían, pero en general, se entiende comprendido en la franja que va del 5% al 20% del monto facturado, dependiendo del nivel de riesgo (que encima en la actividad que comentamos, es bajísimo, al tener la demanda asegurada, el combustible y los peajes subsidiados y la posibilidad de poner y sacar servicios de acuerdo a la demanda, así como administrar a placer una banda tarifaria tal vez demasiado ancha, que en estos indignantes casos además se viola).
En fin, para terminar, reproduciremos a continuación la lista de las 22 empresas descubiertas en infracción, que han abusado aun más allá de la laxa y dadivosa política estatal.
-Albus
-ANDESMAR
-Automotores San Juan Mar del Plata
-Betel
-El Turista
-El Valle
-Empresa Argentina
-Flecha Bus
-General Urquiza
-La Nueva Estrella
-La Veloz del Norte
-MERCOBUS-PLUS ULTRA
-Nuevo Rápido San José
-Nueva Chevallier
-Rutamar
-San Juan
-Santa Fe
-Sendas Viajes
-PLAZA
-Plusmar
-VÍA BARILOCHE
-20 de Junio