EL CERCADO DEL FC SARMIENTO

Ayer (16 agosto 2006) se hizo pública en solemne acto en Casa de Gobierno, con la participación también de autoridades de la ciudad de Buenos Aires, la aprobación de la licitación de las obras de cercado perimetral del Ferrocarril Sarmiento, desde Caballito hasta Moreno, cubriendo una distancia de 45 km, a un valor de $ 46,5 millones (Clarín) o $ 50 millones (La Nación).
Hoy voces de la oposición en la Legislatura porteña y en ámbitos urbanistas se hicieron escuchar protestando contra la obra, argumentando que la misma se superpone en un gran tramo con el proyecto (ya aprobado e incorporado en el Programa Plurianual de Obras para el Sistema Metropolitano por Decreto 1683/2005) del soterramiento hasta Liniers, ya que cuando el mismo se encuentre finalizado, habrá que retirar el cercado que ahora se va a construir, el cual resulta por lo tanto superfluo, y difuncional en términos de integración urbana. La respuesta oficial a esa apreciación tiene que ver con dos puntos: 1) que la obra viene a reemplazar el alambrado perimetral, el cual fue robado en su totalidad; 2) que el soterramiento recién estará listo en 10 años, y mientras algo hay que hacer para garantizar la seguridad.
Más allá de que la realización de la obra resulta inobjetable desde el punto de vista práctico, pues es inconcebible que un ferrocarril que recorre un trayecto urbano densamente poblado no esté cercado, y por lo tanto pueda accederse a las vías desde cualquier parte, con los riesgos de accidentes que esa situación apareja, conviene formular las siguientes apreciaciones, que permitirán contextualizar la situación que es ahora promocionada por el Estado Nacional como un triunfo, cuando en realidad se trata de una derrota. Veamos:

Primero: Según el Contrato de Concesión, la obligación de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del concesionario. Todos están contestes en que HABÍA un alambrado perimetral cuando el Ferrocarril Sarmiento fue concesionado a TBA. También, en que es responsabilidad exclusiva e ineludible de TBA devolver al Estado, al final de la concesión, las cosas en la misma situación en que las recibió, con las mejoras impuestas por los diversos programas de inversiones. Es decir, que TBA debe devolver la concesión en una situación mejor que antes de que se le otorgara. Para ello, tiene la prerrogativa de cobrar las tarifas, tiene acceso a cuantiosos subsidios, y realiza numerosas obras por cuenta y orden del Estado, cobrando por ellas una interesantísima comisión. Pero del mantenimiento TBA no puede excusarse: es su exclusiva responsabilidad y debe realizarlo con fondos propios.
¿Cómo se llegó, en 10 años de concesión, a una situación tal que tenga que ser el Estado, y no TBA, el que realice la obra? ¿Cómo se permitió que se depredaran 90 km de alambrado perimetral, y cómo se permitió que TBA no repusiera los tramos de alambrado cuando en su momento se verificaba el faltante?

Segundo: También según el Contrato de Concesión, el servicio de seguridad es responsabilidad "indelegable" del Estado. En ello se excusa TBA, argumentando que como el Estado no vigila, y deja que la gente se robe el alambrado, el concesionario no puede estar luego reponiendo los faltantes indefinidamente, porque eso altera su ecuación económico financiera.

Ahora bien, recuerdo que cuando Telefónica se hizo cargo del servicio básico universal de telefonía, efectuó un estudio del nivel de vandalismo que había en Argentina sobre los tradicionales teléfonos alcancía naranjas, de los cuales más del 90% estaba sin funcionamiento. Concluyó en que el vandalismo vernáculo era mucho menor que el verificado en España. Lo que ocurría aquí es que la enorme corrupción interna de ENTel no permitía reponer las unidades que eran destruidas o robadas, con un doble propósito: a) "dibujar" gastos que no se producían, como si se hubiera repuesto lo roto o robado, y al momento de auditar estuviera nuevamente roto o robado, por la insistente acción vandálica; b) justificar la enorme planta de personal que calentaba las innumerables sillas del gigante estatal: ante la mayor ineficiencia, hacía falta más gente aún. Si en un momento el 70% estaba sin servicio, y al año siguiente estaba sin servicio el 80%, era necesario seguir contratando gente...
La clave por la cual pudo Telefónica garantizar el funcionamiento de la gran mayoría de los teléfonos públicos instalados en la calle fue que suprimió la corruptela interna, pues le convenía, ya que fuere como fuere, tenía que cumplir con su Contrato de Concesión y debía hacerlo con fondos propios. No podía esperar que ante su ineficiencia el Estado le pusiera los teléfonos públicos, sino que la consecuencia de la falta de prestación de los servicios concesionados era la rescisión contractual.
Entonces, lo que se hizo en ese caso fue reponer en breve lapso los teléfonos que la gente rompía, para evitar la sensación de anomia, de falta de control y la tendencia general al destrozo por aquello de "qué le hace una mancha más al tigre".
Sin duda, el concesionario del Ferrocarril Sarmiento debió hacer exactamente lo mismo. Y si no lo hizo, fue porque nadie lo controló ni le impuso sanciones ante la falta de mantenimiento. Pero lo grave es que ahora el Estado sí se da cuenta de las gravísimas consecuencias de tanta desidia del concesionario, y decide, llamativamente, emprender con fondos públicos la ciclópea tarea de construir el cercado perimetral, y lo anuncia con orgullo, como si fuera un progreso y no una mera reposición de la que antes había.
En consecuencia, otra obligación del concesionario ferroviario se "estatiza" y el costo proviene del erario público, en lugar de proceder, como corresponde por contrato, de los ingresos del concesionario que se abstuvo de realizar el mantenimiento de rutina a su cargo.