SEGURIDAD FERROVIARIA

Mientras nos escandalizamos por las cada vez mayores cantidades que en subsidios directos por costos de explotación (sin contraprestación alguna; solamente para cubrir gastos corrientes de los concesionarios) vierte el Estado en los trenes metropolitanos, mientras añoramos la época en que podíamos llegar a Constitución indemnes de pungas y escruchantes y viajar en tren relativamente cómodos y relativamente rápido -no mucho, digamos a 60 km/h nada más-, la época en que nuestras esposas, hermanas e hijas podían viajar en subte sin riesgo de ser violadas, deberíamos emparentar el dispendio de recursos públicos sin control y a la bartola con los males que de él derivan. Me refiero a que, cuando por el déficit fiscal no había ni un mango para ayudar a los concesionarios, ellos debían preocuparse al menos por controlar la evasión, y entonces contrataban algo de seguridad privada y se movilizaban para que la inseguridad no les ahuyente más usuarios y se les siga cayendo la demanda. Después de todo, antes los concesionarios vivían de la tarifa. Ahora, ni les importa, pues el Estado, solícito y claudicante a la hora de negociar con los empresarios, siempre está presto a meter la mano en la billetera de los dineros públicos y auxiliarlos sin preguntar ni cuánto ni por qué.
Así, por ejemplo, el FC Belgrano Norte factura alrededor de $ 2 millones mensuales por boletos vendidos y cobra del Estado alrededor de $ 5 millones mensuales por subsidios... ¿En dónde está entonces el negocio? ¿En transportar bien a los usuarios, en garantizar estándares mínimos de seguridad y confort? ¿O en trajinar los pasillos de la Secretaría de Transportes pidiendo aportes estatales no reintegrables?
La cuestión reside entonces en el costo de oportunidad que tanto gasto público desmedido y descontrolado ocasiona a la sociedad argentina, en la chance histórica que la enorme presión fiscal (y el consecuente superávit) nos dio para mejorar y que despilfarramos haciendo aún más ricos a los ricos, sin exigirles ni siquiera el diezmo para caridad.
Pensemos por ejemplo en que el Estado gasta $ 350 millones al año en subsidios de explotación destinados a los concesionarios ferroviarios, los que ni siquiera acreditan fehacientemente el destino que les dan a esos fondos. Si en vez de ser tan licencioso a la hora de disponer tales pagos, el Estado se detuviera mínimamente a pensar, a planificar el sistema ferroviario con espíritu de progreso, con probidad y decencia, a alguien se le ocurriría tal vez destinar por ejemplo el 30% de todo ese dinero malgastado en seguridad ferroviaria.
Serían $ 105 millones al año para mejorar la seguridad de los usuarios. Con ese dinero se podría crear por ejemplo una fuerza de seguridad especial, una suerte de "policía ferroviaria", capacitada para prevenir el delito, para auxiliar a las víctimas, para controlar el vandalismo. Si esa policía ferroviaria está bien paga, digamos que cada agente gana promedio $ 2.000 al mes ($ 2.500 con cargas sociales), y se tiene una fuerza de 3.000 hombres, especializados y entrenados, moviéndose por el sistema en tres turnos de un millar de agentes cada uno, el costo mensual ascendería a $ 7,5 millones y el anual a $ 90 millones. Todavía sobran $ 15 millones al año para equipamiento: armas, chalecos, iluminación, comunicaciones.
No es tanto lo que se pide: que los concesionarios resignen un 30% de lo que el Estado les gira por encima de sus ganancias mensuales. Mucho más ha debido resignar la sociedad, soportando tratos cada vez más indignos y delitos cada vez más aberrantes.
Lo mismo podría plantearse si en vez de seguir con la excusa de congelar indefinidamente una tarifa irreal y paralelamente estatizar los costos empresarios, se ajustara en no más de diez centavos la tarifa... La gente lo soportaría si tuviera como contrapartida una mejora real en las condiciones del servicio y en la seguridad. Ha soportado subas mucho más importantes en la canasta básica y en cada uno de los aspectos económicos, como para no aceptar ésta... Pero primero hay que HACER. El Estado debe dejar de ser un mero financista-prestamista, para ejercer su faz política transformadora orientada a garantizar el bienestar general y la paz interior, como dice la Constitución. Política no es proselitismo ni clientelismo.


Actualización (un botón para muestra): La Nación, 15 agosto 2006, pág. 13. "Le dispararon, le robaron y lo arrojaron bajo un tren. El chico, de 19 años, fue asesinado delante de su novia de 15, en Merlo. El hecho ocurrió anteanoche, cerca de las 20 (!), en al estación Libertad, en el partido de Merlo, informaron fuentes policiales. La víctima y su novia esperaban el tren para volver a su casa. Entonces, se acercaron los cinco maleantes, de entre 18 y 20 años, y rodearon a la pareja. Uno le preguntó la hora; Cruz le respondió; el otro sacó un arma, le apuntó a Cruz y le pidió que entregara el celular y las zapatillas. La chica contó ayer llorando a los periodistas que su novio se negó. Fue entonces cuando el malhechor, tras sacarle el celular, disparó e hirió a Cruz en la pierna. Después, lo empujaron hacia las vías. Cruz cayó desde el andén, en el momento en el que se acercaba una formación. El muchacho corrió con dificultad, debido al balazo que le quemaba la pierna. Pero el tren estaba muy cerca. Y lo arrolló.
"La adolescente dijo que EN ESE MOMENTO NO HABÍA POLICÍAS NI VIGILADORES PRIVADOS EN LA ESTACIÓN, por lo que los delincuentes pudieron escaparse fácilmente".

La Nación, 15 agosto 2006, pág. 13. "Cámaras y algo más", Por Ángeles Castro: "En el intento por combatir el reciente pico de criminalidad en el transporte público, los gobiernos porteño y nacional anunciaron la instalación de cámaras de vigilancia en las estaciones de subte y de trenes. ¿Viajamos, ahora sí, protegidos los pasajeros contra la violencia creciente? [...] Bien observados viviremos, pues, los usuarios del transporte ferroviario. Sin embargo, por sí solas las cámaras no alcanzan para lograr su propósito: el de prevenir delitos ocasionales (hurto, arrebato, violación), en los que confluyen el contexto y el contacto casual entre agresor y agredido. Pocos frutos darán los 'ojos electrónicos' si no van acompañados por la tecnología adecuada (software especial que seleccione las imágenes de acuerdo con crietrios de riesgo) Y POR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS AGENTES POLICIALES".